Reflexiones sobre la necesidad de una nueva legislación urbanística para la comunidad andaluza: ¿obsolescencia o inobservancia del marco legislativo actual.
Por Pedro Górgolas Martín
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha iniciado los trabajos para redactar una Nueva Ley Urbanística que sustituya a la actual. Parece existir un consenso generalizado en los mentideros urbanísticos de la región andaluza sobre la necesidad de este cambio, del que resulte un nuevo texto innovador y adaptado a las circunstancias históricas actuales. Sin embargo, el incumplimiento de la legislación actual por parte del planeamiento general es manifiesto, sobre todo en relación con los preceptos que informan del tipo de ciudad requerido -compacta, diversa, ambientalmente cualificada y socialmente cohesionada-, por lo que, más que de obsolescencia de la ley urbanística, habría que hablar de inobservancia de disposiciones sustantivas para asegurar la sostenibilidad del sistema de ciudades andaluz.
La gestión de la rehabilitación urbana: el rol de los agentes privados.
Por Carmen Esther Falcón-Pérez.
El ordenamiento urbanístico español ha focalizado sus esfuerzos en el crecimiento exponencial de la ciudad, contribuyendo al desarrollo de la construcción de viviendas. Pero este enfoque ha experimentado un cambio sustancial en la última década, hacia un modelo de planificación urbana que promueva los procesos de rehabilitación y regeneración en la ciudad ya consolidada, minimizando el crecimiento disperso, en consonancia con las exigencias europeas en materia de desarrollo sostenible. Si se consideran las condiciones físicas de multitud de edificios y barrios de nuestro país, con deficiencias importantes de habitabilidad y consumo energético, problemas de accesibilidad y carencia de servicios, la rehabilitación urbana constituye, en la actualidad, una necesidad inexcusable. En este trabajo se analiza la importancia de los procesos de rehabilitación urbana en las ciudades, y cuáles son los agentes económicos que intervienen en estos procesos y que son propuestos por la normativa urbanística, tales como: comunidades de propietarios, cooperativas de viviendas, empresas, asociaciones administrativas de propietarios, señalando el papel que pueden desempeñar cada uno de ellos.